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Senadora Sara Castellanos cuestiona esquema de seguridad asignado a Gabriela Muñoz

· Últimas Noticias,COLOMBIA,ESQUEMA

Bogotá. La senadora Sara Castellanos cuestionó la presunta asignación de un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la creadora de contenido Gabriela Muñoz, decisión que, según información citada por Infobae, habría sido adoptada el 26 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte, el esquema estaría integrado por dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas. La asignación habría ocurrido cuando Muñoz ya no tenía contrato vigente con una entidad estatal.

Castellanos cuestiona las prioridades de la UNP

La congresista comparó la situación con el caso del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en junio de 2025 y falleció en agosto de ese mismo año.

Castellanos cuestionó los criterios utilizados por la UNP durante la administración del expresidente Gustavo Petro y señaló que, a su juicio, existirían diferencias en la forma en que se asignaron los esquemas de protección.

“Parece que el clientelismo pesa más que el mérito y la necesidad”, afirmó la senadora en una publicación en la red social X.

También hay cuestionamientos por su paso por la Aerocivil

La controversia se suma a señalamientos anteriores relacionados con la presunta influencia de Muñoz dentro de la Aeronáutica Civil.

La exdirectora del Fondo Adaptación y exfuncionaria del Dapre, Angie Rodríguez, aseguró que Muñoz habría tenido injerencia en decisiones administrativas y en algunos nombramientos dentro de la entidad.

Muñoz ha rechazado estas acusaciones y ha sostenido que el cargo que desempeñó en la Aerocivil no le otorgaba facultades para nombrar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos ni ordenar gastos.

Por ahora, la discusión se concentra en los criterios técnicos y de riesgo utilizados por la UNP para asignar el esquema de protección, así como en las diferencias que la senadora Castellanos plantea frente a otros casos de figuras públicas que han solicitado o requerido medidas de seguridad.

La controversia podría aumentar mientras se conocen nuevos detalles sobre la evaluación de riesgo que habría sustentado la decisión y las condiciones bajo las cuales fue otorgado el esquema.

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